El Congreso debate este jueves el veto a los impuestos a banca y energéticas

Madrid, 3 nov (.).- El Congreso debate este jueves la única enmienda de totalidad presentada contra la proposición de ley que crea nuevos impuestos temporales para banca y energéticas, registrada por Ciudadanos y que previsiblemente será rechazada.

La proposición de ley, presentada de forma conjunta por PSOE y Unidas Podemos, prevé imponer gravámenes temporales a una veintena de grandes bancos y energéticas, a pagar en 2023 y 2024, para ayudar a sufragar los gastos de la crisis, que no podrán se trasladados a los consumidores ni deducirse en el impuesto de sociedades.

A este texto solo se ha presentado una enmienda de totalidad, registrada por Ciudadanos con texto alternativo para proponer un cálculo diferente de estos tributos, después de que el PP renunciara a registrar un veto a pesar de haber sopesado esa posibilidad.

En la proposición de ley, la prestación energética, que prevé recaudar 2.000 millones anuales, gravaría con un tipo del 1,2 % la cifra de negocios anual de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras (aquellas que facturaron más de 1.000 millones en 2019).

Por lo que respecta a la bancaria, que espera recaudar 1.500 millones anuales, ascenderá a un 4,8 % del margen de intermediación, es decir, los intereses netos -diferencia entre los que cobra y los que paga- y las comisiones netas -diferencia entre las cobradas y pagadas-, siempre que la entidad superara los 800 millones de intereses y comisiones brutas en 2019.

En cambio, el texto alternativo de Ciudadanos, que pretende asimilarse a la Unión Europea, plantea gravar únicamente los eventuales beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y calculados como aquellas ganancias netas que superen en más de un 20 % el beneficio neto promedio de los tres ejercicios anteriores, con un tipo del 33 %.

PENDIENTE DE LAS ENMIENDAS PARCIALES

Más allá del trámite de totalidad, que todo apunta a que será superado, la atención está en el trámite de enmiendas parciales -abierto hasta el próximo 10 de noviembre- ante la posibilidad de que se utilice esta vía para incorporar el nuevo impuesto a las grandes fortunas.

El propio secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, apuntó la pasada semana que probablemente se aprovechará el trámite de enmiendas de la proposición de ley para incluir dos de las iniciativas fiscales de los presupuestos, el impuesto a las grandes fortunas y la limitación a la compensación de pérdidas de filiales por parte de los grupos empresariales.

De esta manera, estos dos cambios tributarios arrancarían en una fase relativamente avanzada de la tramitación, lo que facilitaría su entrada en vigor el 1 de enero de 2023 para que pudieran aplicarse sobre los ingresos de 2022.

El impuesto a las grandes fortunas prevé gravar con un tipo de entre el 1,7 % y el 3,5 % los patrimonios de más de tres millones de euros, unos 23.000 contribuyentes, aunque el gravamen será deducible en el impuesto de patrimonio autonómico, con lo que afectará especialmente a los ciudadanos de las regiones que lo tienen bonificado.

Por lo que respecta al impuesto de sociedades, la iniciativa prevé limitar al 50 % las eventuales compensaciones de pérdidas de filiales que efectúen los grupos empresariales en 2023 -podrán aplicar el resto en 2024-, lo que permitirá incrementar la recaudación en 2.439 millones de euros en 2023 y 2024.