La Unión Europea tiene previsto endurecer la legislación sobre criptomonedas

La lucha contra el blanqueo de capitales sigue en cabeza en la lista de prioridades de la Unión Europea (UE).

En los últimos años, a las dificultades tradicionales de la lucha contra el blanqueo, se suma el peso creciente de las operaciones con criptomonedas y los criptoactivos, que se extienden exponencialmente entre los inversores y también, naturalmente, entre los ciberdelincuentes. Según datos manejados por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), el blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas aumentó -en términos interanuales- un 30% en 2021.

Este fenómeno viene motivado por el crecimiento meteórico del mercado de criptomonedas, cuya capitalización total, según determinadas estimaciones pudo alcanzar su máximo histórico el pasado mes de noviembre con 2.6 billones de euros.

Una cifra que probablemente tenga algo de especulativa, pero que, a su vez, da una idea de la magnitud del problema que entraña el control de esta nueva, o ya no tan nueva, economía.

Si bien es cierto que, como regla general, las normas jurídicas acostumbran a ir siempre un paso por detrás, dado su carácter reactivo, de los nuevos problemas y delitos, en el caso del blanqueo de capitales la realidad es diferente, pues existe una especial unanimidad y proactividad en la mayoría de los países, en la elaboración de normas de lucha contra el mismo.

En Europa, desde el año 1991 se han sucedido hasta cinco Directivas de la UE para endurecer los instrumentos reguladores en esta materia.

Si hablamos del futuro más inmediato, la Unión Europea ultima ahora la puesta en marcha de un ambicioso Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales, en el cual, como no podría ser de otra forma, el control de los criptoactivos ocupa un espacio relevante.

Este plan sentará las bases de un marco legal dirigido a reforzar la seguridad, en términos jurídicos, de las operaciones con criptoactivos así como la de las personas que los adquieren.

Esta propuesta recibe el nombre de MiCA (Markets in Crypto-Assets), habrá de materializarse en un Reglamento UE y supondrá una nueva norma para un nuevo tiempo.

Del mismo modo, este proyecto de la UE contempla, como proyecto estrella, la creación de una Autoridad Europea Anti-Blanqueo (AMLA, por sus siglas en inglés), que tendrá a su cargo la supervisión en toda la UE y asegurará la cooperación entre todas las Autoridades de Información Financiera de los Estados, en España el SEPBLAC.